“En Colombia, el 94% de delitos de corrupción están en impunidad”: Andrés Idárraga

Este lunes 17 de julio, en la Casa de Nariño, se llevó a cabo la presentación del mapa de impunidad de los delitos asociados a corrupción, y los 10 departamentos con mayor índice de inacción de la justicia. En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, expuso al panorama del país en índice de impunidad.

De acuerdo con cifras presentadas por el secretario, el 94% de delitos asociados a la corrupción están en impunidad: “Lo cual es algo preocupante y queremos analizar con la Fiscalía y la Procuraduría, qué es lo que está pasando para que podamos resolverlo conjuntamente”.

Dentro del balance que expuso de los últimos 13 años de las denuncias por corrupción, el mapa de impunidad registra que en total hay 57.582 denuncias sin resolver:

“Van ganando los corruptos que lo reciben en hombros en Córdoba, va ganando la impunidad ante la Comisión de delitos como peculado por apropiación, celebración indebida de contratos sin requisitos legales, cohecho, donde el material probatorio no es suficiente para llevar a una imputación para que los jueces terminen condenando”.

Los delitos que se destacan dentro de este informe son peculado por apropiación con el 26%, y contrato sin cumplimiento de requisitos con el 24%. Entre tanto, el departamento de San Andrés registra el índice más alto de impunidad con el 99%, y lo acompañan 18 departamentos más con una cifra entre el 90 y 97% de impunidad.

Corrupción en los partidos políticos

Idárraga respondió al apoyo del Pacto Histórico a Gabriel Calle Aguas, aliado del Ñoño Elías, para aspirar a la Gobernación de Córdoba:

“No tengo detalles de esa relación de avales o coavales políticos, pero si llega a ser cierto el Pacto Histórico, que es el partido de Gobierno, no puede terminar avalando a personas que tengan graves señalamientos en hechos de corrupción”.

Finalmente, el Secretario anunció que convocará a la Comisión Nacional de Moralización para definir una propuesta de ajustes en materia de investigación y judicialización, así mismo establecer, en compañía de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, una hoja de ruta para actuar con celeridad sobre este tema.