Así está el comportamiento de la extorsión en Taganga, sus redes ilegales y operaciones

Santa Marta

El complejo latente de la extorsión quiere carcomer todos los sectores de Santa Marta, muy a pesar de los esfuerzos continuos de las autoridades que buscan contener este delito en todas sus modalidades.

Por tratarse de un ataque directo contra los valores, llámese libertad y seguridad de los ciudadanos, debe tener una respuesta expedita de la Policía Nacional, entidad que captura y captura a los perpetradores de estos hechos, pero los casos aumentan, toda vez que las víctimas no denuncian.

En las últimas horas, el corregimiento de Taganga se hizo noticia porque circuló un documento donde mencionaban con nombre propio a los supuestos extorsionistas del territorio. Desde sus alias y las cuantías exigidas se leía en el documento que, según la comunidad, resultó ser “falso”.

El problema fue expuesto incluso en redes sociales por el periodista colomboitaliano, Jacobo Solano, quien entregó datalles de las modalidades de la extorsión, sus presuntas víctimas y hasta los responsables de las mismas.

RESPUESTA INSTITUCIONAL

Paralelo a estos pronunciamientos, la Policía Metropolitana de Santa Marta también se refirió a la extorsión en Taganga, pero con la captura de alias La Flaca. Se trata de una mujer que, al parecer, está al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, otrora Los Pachenca, quien exigía sumas extorsivas a comerciantes y empresarios de esa localidad.

“El personal del Gaula realizó una destacada labor en las últimas horas. En el corregimiento de Taganga materializaron la captura en flagrancia de una mujer por el delito de extorsión. Al momento de su captura se le halla en su poder una alta suma de dinero que, al parecer, era producto de las exigencias económicas que realiza esta persona para permitirles ejercer su actividad económica”, detalló el comunicado.

Esta mujer estaría encargada de la recolección de dineros producto de extorsión a las empresas y cooperativas dedicadas a la prestación de servicios turísticos en el corregimiento de Taganga.

Su actividad criminal consistía en la verificación del número de usuarios por cada empresa de turismo al término de cada jornada, con el propósito de registrar el cobro de extorsión por persona que oscilaba entre $15.000 y $20.000 pesos.