Justicia

Cayó testaferro y hombre de confianza de ‘Digno Palomino’

Está en proceso la extensión de dominio de los bienes de la banda ‘Los Pepes’, que extorsiona en Barranquilla.

Alias 'Alberto'. Cortesía: Caracol Radio.

Alias 'Alberto'. Cortesía: Caracol Radio.

Bogotá D.C.

En el corregimiento Santa Verónica, en el departamento del Atlántico, fue capturado alias ‘Alberto’, quien se había convertido en el cabecilla de la banda delincuencial ‘Los Pepes’ en Barranquilla.

Este criminal, según dijo el coronel Elver Alfonso, director del Gaula de la Policía, era testaferro y el hombre de confianza de ‘Digno Palomino’. De hecho, tomó las riendas de esa organización ilegal luego de que su jefe fuera capturado y enviado a la cárcel.

Sería el responsable de ordenar el cobro 70 mil pesos semanales a los comerciantes de una reconocida plaza de mercado en Barranquilla, camuflando su accionar delictivo a través de supuestos servicios de seguridad”, explicó el coronel Alfonso.

Las víctimas que se negaban a pagar eran declaradas objetivo militar por los delincuentes. Por otro lado, ‘Alberto’ también era el encargado de perfilar a los comerciantes y de intimidarlos con la entrega de volantes y llamadas telefónicas.

De igual manera, ‘Alberto’ tenía dos empresas debidamente constituidas a su nombre, a través de las cuales estaría legalizando el dinero producto del comercio de estupefacientes, extorsiones y la venta de las tierras que eran invadidas por los integrantes de ‘Los Pepes’.

“Se encargaba de recaudar el dinero ilegal con el que compraba algunas propiedades de la estructura criminal, pero especialmente de su jefe, ‘Digno Palomino’”, señaló el coronel Alfonso.

El director del Gaula indicó a Caracol Radio que se está recogiendo material probatorio para identificar los bienes de ese peligroso cabecilla para someterlos a un proceso de extinción de dominio.

En total, en la ciudad de Barranquilla fueron capturadas 27 personas que harían parte de los grupos delincuenciales ‘Costeños Robles’, ‘Costeños Élite’ y ‘Los Pepes’, responsables de cobrar extorsiones a los diferentes sectores productivos y comunidad en general en la capital atlanticense.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Otros resultados de la operación ‘Heracles’

Esta importante ofensiva nacional dejó 149 personas capturadas, la incautación de nueve armas de fuego, tres granadas, un vehículo, cinco motocicletas y 84 celulares que estarían siendo empleados para cometer extorsiones y secuestros.

En Bogotá, por ejemplo, tres personas dedicadas a la extorsión mediante la modalidad delictiva de la “Falsa encomienda” fueron capturadas.

El modus operandi, según el Gaula de la Policía, consistía en contactar a sus víctimas a través de redes sociales identificándose como familiares o amigos y solicitaban información personal para enviar una supuesta encomienda desde el exterior.

Luego, se identificaban como empleados de Aduanas, manifestándole a los afectados que la encomienda venía con sobrepeso y debían pagar una multa, posteriormente, supuestos funcionarios públicos les manifestaban que serían capturados porque dichos envíos contenían mercancías ilícitas obligándolos a pagar entre 10 y 20 millones de pesos.

Por otro lado, en el barrio Verbenal de Bogotá, fue capturado un joven de 23 años por exigir 15 millones de pesos a un comerciante en Villavicencio (Meta), a cambio de no revelar ante su familia que habían sostenido una relación sentimental.

Verificada la base de datos, se logró establecer que este hombre ya había sido capturado en el 2023 por extorsionar bajo la misma modalidad a un médico.

Por último, en los municipios de Arjona y Mahates, departamento de Bolívar, el Gaula de la Policía capturó a ocho personas y la imputación de otras 7, quienes harían parte del Clan del Golfo.

Según las investigaciones, los ganaderos debían pagar 10 mil pesos por cada res y 100 mil pesos por hectárea de tierra. Entre tanto, los comerciantes entregaban entre 500 mil y 1 millón de pesos y los contratistas debían pagar el 3% por cada obra ejecutada para no ser víctimas de atentados en su contra.

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