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Confirman casa por cárcel al Alcalde de Santa Marta

A Rafael Martínez le dictan la medida de aseguramiento nueve meses antes de terminar su periodo de gobierno.

Confirman casa por cárcel al Alcalde de Santa Marta

Confirman casa por cárcel al Alcalde de Santa Marta / COLPRENSA

Santa Marta

En medio de un proceso en el que se busca determinar si es responsable de contratar irregularmente obras de remodelación de la red hospitalaria, el alcalde Rafael Martínez es enviado a su casa con medida de prisión domiciliaria por decisión del Juez Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.

La decisión se ha ratificado en la undécima audiencia de medida de aseguramiento que se adelantaba en el caso, que se desarrolla hace 14 meses, y que había resultado fallida anteriormente por inasistencia de los abogados y cambio del juez que llevaba el proceso.

La medida de detención domiciliaria también cobija al exgerente de ESE Alejandro Prospero Reverend, Edgardo Charris Salcedo, y al contratista de las obras de los centros de salud, Jesús Navarro Brito. Los otros tres procesados en este caso, entre los que se encuentra el excandidato presidencial Carlos Caicedo, seguirán vinculados al caso bajo libertad.

Tanto el alcalde Rafael Martínez como los demás implicados están siendo acusados por la Fiscalía de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por las obras de los puestos de salud de Taganga, IPC La Candelaria, Mamatoco, La Paz y Bastidas.

La Fiscalía sostiene que encontró irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de liquidación de un primer contrato de obras de la red hospitalaria que se pactó por 6.537 millones de pesos pero que dejó inconclusas varias de las infraestructuras intervenidas.

Luego, en el año 2016, el alcalde Rafael Martínez suscribió un nuevo contrato por 5.000 millones de pesos para terminar esos mismos centros de salud, pero se detectaron nuevas inconsistencias. El ente acusador indica que en ese proceso hay un presunto peculado superior a los 4.000 millones de pesos.

Lo cierto es que hasta el momento algunos de esos centros de salud, como el de Mamatoco, están en el suelo tras más de cuatro años de haber sido demolidos sin que volvieran a ser habilitados afectando a miles de ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

 

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