Casi 23 años después de la toma al Palacio de Justicia, el sistema interamericano de Derechos Humanos está a punto de tomar decisiones contra el Estado colombiano por los desaparecidos durante la retoma del edificio por parte de las Fuerzas Militares.

Caracol Radio estableció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó desde el pasado 8 de julio, el estudio de fondo de la denuncia interpuesta por la defensa de los 12 desaparecidos durante la retoma del Palacio, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

De igual forma se pudo establecer que el organismo internacional le pidió al gobierno colombiano que entregue sus observaciones sobre las acusaciones hechas por los abogados de los desaparecidos, que comprometen a varios ex altos mandos militares con los excesos cometidos durante el operativo de retoma del Palacio de Justicia.

La respuesta del gobierno del presidente Álvaro Uribe debe entregarse antes del 10 de septiembre de 2008, aunque la Cancillería podría pedir una única prórroga para contestar, que tiene como último plazo el 10 de noviembre de 2008.

El escrito de la defensa pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado colombiano sea condenado por no haber tomado medidas preventivas para proteger a los magistrados de las Altas Cortes, pese a existir una amenaza latente contra el Palacio de Justicia.

De igual forma, los abogados piden que el Estado colombiano sea condenado, porque pese a que las autoridades estaban advertidas sobre el riesgo contra el Palacio, unos días antes de la toma, decidieron retirar la seguridad del edificio.

El tema central de la denuncia tiene que ver con la presunta responsabilidad de altos mandos militares en la desaparición de 11 empleados de la cafetería del Palacio y de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda. 

De igual forma, la solicitud de condena se hizo con base en la desaparición y asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán, quien de acuerdo con varios videos revelados en los últimos meses, salió con vida del Palacio.

Caracol Radio pudo establecer que también se pide que el Estado sea condenado por la detención ilegal y la tortura que miembros de las Fuerzas Militares, habrían cometido contra los estudiantes Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano.

Los denunciantes pidieron a la Comisión Interamericana, que impulse sanciones contra todo el mando militar que estaba frente a las Fuerzas Militares en 1985, comenzando por el ex comandante del Ejército y ex ministro de Defensa, Rafael Samudio Molina.

Esa misma petición se hizo contra el ex comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, general el retiro Jesús Armando Arias Cabrales, contra los comandantes de las unidades tácticas, contra el ex comandante del B-2 y contra el ex comandante del COICI.

A más tardar en marzo de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre los hechos y decidirá si entrega una serie de recomendaciones de obligatorio cumplimiento, para que el Estado colombiano repare los daños contra las familias de los desaparecidos.

En caso de que Colombia no acate las recomendaciones de la Comisión, el caso podría pasar de inmediato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entraría a evaluar una eventual condena contra el Estado colombiano por los hechos del Palacio de Justicia.