Luego de una reunión con los congresistas uribistas que conciliaron la Ley de víctimas, la Casa de Nariño emitió un comunicado en el cual le solicitan al Congreso que hunda la iniciativa, al considerarla perjudicial para la economía y la seguridad del país.

La conciliación que iba a ser presentada ante las plenarias de Cámara y Senado, era similar a la presentada por el partido liberal, que entre otras cosas buscaba equiparar las víctimas de los grupos armados ilegales y las de los agentes del Estado.

Antes de la comunicación de la presidencia, el Jefe del Estado ya había expresado su desacuerdo con la iniciativa, tal y como había sido conciliada, por el alto costo que significaría para el Estado y por igualar "a los terroristas con los agentes del Estado".

Comunicado:

Bogotá, 18 jun (SP). El Gobierno Nacional, en reunión del Presidente con algunos ponentes del Proyecto de Ley de Víctimas, ha pedido que no se apruebe el Acta de Conciliación porque un costo superior a los $80 billones crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento.

Además, el texto conciliado, que el Gobierno solicita encarecidamente no aprobar, se constituye en una grave amenaza a la Seguridad Democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada que declare el daño a la víctima cuya responsabilidad sea atribuida a ellos.

El Gobierno Nacional, con base en la legislación de los últimos años, continuará el proceso de la reparación monetaria de las víctimas. En efecto, en las próximas semanas, iniciará los primeros pagos que suman 200 mil millones de pesos en la ejecución presupuestal 2009 y que se destinarán aproximadamente a diez mil víctimas. En los nuevos presupuestos se continuará con la incorporación de las respectivas partidas.

Bogotá, 18 de junio de 2009.