La Superintendencia Nacional de Salud sancionó a la EPS Coomeva con una multa de 750 salarios mínimos legales vigentes, por negarse a practicar una interrupción voluntaria del embarazo a una menor violada, argumentando objeción de conciencia.

“Las mujeres colombianas deben tener presente que la Sentencia de la Corte Constitucional que reconoce el derecho a optar por una interrupción voluntaria en tres circunstancias, está vigente; por lo tanto, pueden hacer uso de este derecho”, manifestó Mónica Roa, directora de programas de la organización Women´s Link Worldwide.

La abogada indicó que los médicos, prestadores de salud y jueces deben recordar que la sentencia es explícita al decir que la objeción de conciencia es individual y no colectiva, ni institucional, ni judicial, ni de funcionarios públicos.

“En materia de interrupción voluntaria del embarazo, sólo pueden ejercerla los profesionales de la salud directamente involucrados en el procedimiento”, aseguró Roa.

El caso se registró en Cúcuta, y corresponde a una adolescente de 13 años quien quedó embarazada producto de una violación y solicitó, en compañía de su madre, la interrupción del embarazo.

Aún cuando su caso se enmarcaba en los reconocidos desde 2006, la práctica le fue negada en más de siete ocasiones por diferentes prestadores de salud.

Mientras el tiempo transcurría entre hospitales y juzgados, la víctima intentó suicidarse en varias ocasiones.

La Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación administrativa contra cada una de la IPS que le negaron la práctica a la menor vulnerando sus derechos fundamentales.

Las IPS de Cúcuta que en este momento están siendo investigadas por la Supersalud son: ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, IPS Clínica Santa Ana S.A., IPS Clínica San José de Cúcuta, IPS Clínica Médico Quirúrgica, IPS Clínica Norte S.A., Fundación Mario Gaitán Yanguas.