Luego de 24 años del holocausto del Palacio de Justicia, la Comisión de la Verdad señaló que nadie actúo adecuadamente ante la toma del complejo judicial del 6 y 7 de noviembre de 1985.

Caracol Radio, al conocer el informe de 325 páginas, encontró que ni los funcionarios judiciales de la época atendieron la emergencia como es el caso del Ministro de la Defensa del momento, Miguel Vega Uribe, quien pidió que no le pasaran llamadas de nadie cuando en el momento se registraba el conflicto al interior del edificio dentro del Palacio de Justicia.

Dice el informe que a esta conclusión se pudo llegar debido a varios testimonios del presidente del Congreso del momento, Álvaro Villegas Moreno, quien intentó comunicarse con el Ministro de Defensa y no pudo.

Otra de las revelaciones de este informe es que la Fuerza Pública mintió cuando responsabilizó al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, de quien se comprobó que nunca se comunicó para reducir la vigilancia, ya que semanas antes el M-19 había lanzado una amenaza en contra de los poderes del Estado entre ellos la Justicia.

En el informe se señala que existe la hipótesis de la “ratonera” es decir, que la fuerza pública de forma deliberada retiró la vigilancia para cercar a los guerrilleros que sabían que ingresarían

Sobre la toma como tal, la Comisión de la Verdad encontró que la orden para que el M-19 ingresara al Palacio de Justicia se dió dentro del propio Palacio específicamente desde una oficina de la sección tercera del Consejo de Estado desde donde el guerrillero, Alfonso Jaquin le dió la orden a sus compañeros que estaban sobre la carrera 8va para el ingreso e inicio del ataque.

Sobre la financiación de la toma del Palacio de Justicia, la Comisión de la Verdad dijó que provino del narcotráfico ya que incluso entregaron las armas que se usaron el día del ataque .

“Entre 1984 y 1985 miembros de la dirección del M 19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, actitud que no fue compartida por otros integrantes del grupo subversivo” dice el informe conocido por Caracol Radio.

La Comisión de la Verdad reiteró que el Estado colombiano se debe declararse responsable por la indiferencia, la impunidad que ha reinad hasta el momento y pedir la condena de las personas que actuaron por omisión en estos hechos.

Así mismo la Comisión le pidió a la fuerza pública que diseñe esquemas para evitar que se use desmedidamente la acción de los organismos de seguridad del Estado.

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