Miguel Rodríguez Orejuela, "número dos" del cártel de Cali, se declaró inocente de narcotráfico en un tribunal federal de Miami luego de que su hermano, Gilberto, hiciera lo propio hace dos semanas.

"No culpable", dijo Rodríguez Orejuela al juez Federico Moreno, quien luego se dedicó a atender el problema de representación legal que ambos hermanos confrontan porque no pueden pagarle honorarios al abogado que quieren que los defienda. Esto porque los bienes de los Rodríguez Orejuela están congelados en la denominada "Lista Clinton", que incluye a terroristas y narcotraficantes internacionales, y sus familiares o empresas.

Por el momento se le nombró una abogada de oficio para que se hiciera cargo de su defensa, mientras se determina si el abogado de Gilberto, José Quiñón, no tiene conflictos para representarlos a ambos. Quiñón no ha logrado permiso para cobrar sus honorarios, que deben provenir de la venta de una residencia de la esposa de Gilberto en Bogotá, que la defensa sostiene es "legítima".

El abogado sostuvo que si no obtiene el permiso "lo más probable es que nos retiremos de la representación".

El juez Moreno citó para el próximo 11 de mayo a una audiencia con los funcionarios del departamento del Tesoro para que expliquen por qué no han dado el permiso al abogado para acceder a los bienes.

Hace dos semanas Moreno había amenazado con desestimar el caso si se le niega sin justificación a los hermanos el derecho a escoger su defensa. "Hay un nivel de frustración enorme" entre los hermanos, dijo el abogado, "los han traído a un país extraño, contra su voluntad (...) y les están negando un derecho básico".

El fiscal Richard Gregorie dijo en sala que se han presentado nuevas "interrogantes" sobre la residencia, que tiene que ver con transferencias sobre la misma, pero no pudo informarlas al juez alegando que no las había examinado. Las acusaciones en Miami incluyen a otras 10 personas, entre ellos al también extraditado Daniel Serrano, asesor financiero del cártel y encargado de pagar presuntamente el silencio de los testigos del caso.

Irónicamente éste llegó a un acuerdo con la Fiscalía para testificar en el caso y entregar pruebas, y se declaró culpable de lavado de dinero a cambio de que se le eliminaran las acusaciones por narcotráfico y obstrucción a la justicia. Enfrenta hasta 20 años de cárcel y una multa de 12 millones de dólares, y será sentenciado el próximo 8 de junio.