Según el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretel de la Vega, el gobierno nacional viene adelantando eficientes tareas en materia de extinción de dominio, logrando incautar cinco veces más bienes que los expropiados en el 2003.

El ministro señaló que el gobierno ya tiene en su poder 310.000 hectáreas de tierras, de las cuales 30.000 ya están en manos del Incoder, para regresarlas a los campesinos y desplazados por la violencia.

Aseguró que los juzgados se han descongestionados para agilizar las sentencias, que es el paso donde más se han demorado las expropiaciones, sin embargo en el último año con 200 sentencias se ha logrado extinguir 30 fincas con 30.000 hectáreas.

Las declaraciones del ministro se dieron tras un informe de la Contraloría que indica que en manos de los carteles de la droga y de las autodefensas estarían cuatro millones 500 mil hectáreas, equivalentes al cincuenta por ciento de las tierras más ricas del país, con un valor cercano a los dos mil 500 millones de dólares.

En los últimos años, de acuerdo a una investigación de la Contraloría General, los narcotraficantes han adquirido más de un millón de hectáreas, el equivalente al tres por ciento del territorio nacional y a un cinco por ciento de las tierras potencialmente explotables.

El fenómeno es generalizado en todo el país pero particularmente en el Meta, la Zona Cafetera, la Costa Atlántica y los departamentos de la región central, señaló el vicecontralor Luis Bernardo Flórez Enciso en un foro en el que puso en tela de juicio la política de extinción de dominio que adelanta el gobierno.

La Contraloría dijo que la dramática concentración de los predios más ricos del país en paramilitares y narcotraficantes, ha modificado peligrosamente el mapa geopolítico colombiano y ha generado más desempleo en el campo en donde la pobreza bordea el 70 por ciento y el precio de la tierra en algunos casos se ha triplicado o cuadruplicado.

"Las tierras apropiadas por los narcotraficantes, enn muchos casos las más fértiles y mejor localizadas, se convierten en grandes e improductivas haciendas en lugar de ser utilizadas para labores agrícolas. Así, las propiedades de los narcos no contribuyen a la seguridad alimentaria en la medida en que constituyen fuentes ilegales de ahorro y acumulación para legitimar su inserción social y política pero no en unidades de producción de alimentos", señaló el vicecontralor.

Dijo que los narcotraficantes y los integrantes de grupos ilegales pasaron de ser los "señores de la guerra" a ser los dueños del poder real.

Para enfrentar la situación, la Contraloría propuso una acción judicial más efectiva porque en su opinión la Ley de extinción de dominio funciona muy poco, no es pronta y no garantiza una cumplida justicia y seguridad.

Dijo que se debe garantizar también una mejor gestión administrativa por parte de la Dirección General de Estupefacientes y del Incoder que debe manejar las tierras que deben ir a la reforma agraria.