La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIHD) pidió, a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya que investigue los crímenes cometidos por los paramilitares en Colombia.

La FIHD, la Corporación Colectivo de Abogados y el Comité Permanente por los Derechos Humanos, informaron en un comunicado que han enviado un informe a la oficina del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que éste investigue dichos crímenes bajo la jurisdicción del tribunal internacional.

La organización no gubernamental censuró la "amnistía encubierta" que, en su opinión, supone el marco legal del Gobierno colombiano para acompañar el proceso de desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según la FIDH, "la suspensión de la pena a los autores de crímenes de lesa humanidad es una amnistía encubierta y como tal contraviene los principios elementales de los derechos humanos".

La organización consideró asimismo que es "incompatible con la obligación legal que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y es contrario a los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación".

La organización cree que esa legislación viola el artículo 17.2 de los Estatutos de la CPI, que prohíbe cualquier tipo de disposición legal que haya sido elaborada "con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte".

Ley de justicia y paz

La ley de "justicia y paz" fue aprobada el pasado día 21 por el Congreso a petición del Ejecutivo colombiano para regular la reinserción de los paramilitares desmovilizados.

El Gobierno colombiano considera esa ley fundamental para que avancen las negociaciones que celebra desde hace dos años con las AUC.

La norma prevé sanciones de entre 5 y 8 años de detención en sitios distintos a cárceles para los paramilitares, pese a los graves crímenes de lesa humanidad de que son acusados.

Las AUC, con entre 17.000 y 19.000 integrantes, surgieron hace más de veinte años para defenderse de las guerrillas de izquierda, pero se convirtieron en escuadrones de la muerte y están acusados de múltiples violaciones de los Derechos Humanos y de financiarse con el narcotráfico.

De acuerdo con el calendario de las negociaciones, las AUC deben estar disueltas antes de 2006, aunque el proceso ha sufrido retrasos por varios momentos de crisis y hasta ahora han entregado sus armas unos 5.000 paramilitares.