En un documento revelado por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , el organismo hace énfasis en que la ley sobre Justicia y Paz no estimula en forma clara el logro de acuerdos colectivos entre el Gobierno colombiano y los grupos armados al margen de la ley para que éstos cesen las hostilidades, dejen las armas y desmonten sus estructuras ilegales.

Explica que la ley adoptada da el mismo tratamiento a la desmovilización individual, sin que haya acuerdo o cese de hostilidades, y a la desmovilización colectiva, basada en acuerdos firmes e integrales..."Ello abre indebidamente las puertas a amplios beneficios judiciales individuales para ciertos victimarios sin las contraprestaciones adecuadas" , precisa el documento.-

Sobre el artículo segundo de la ley, la ONU advierte la ausencia de referencias al conflicto armado interno y al derecho internacional humanitario lo que hace que no existan fronteras claras respecto al tipo de delitos que podrían ser cobijados por la llamada pena alternativa asegurando que esa falta de contexto y claridad normativa puede llegar a incluir delitos comunes y de narcotráfico-

En su tercera objeción,la ONU señala con preocupación que considerar al paramilitarismo como un delito político permite cobijar con la impunidad a personas, incluyendo eventualmente a servidores públicos, que hayan participado o asistido a la conformación de grupos paramilitares o en sus actividades ilegales. Según la Constitución colombiana, los delitos políticos pueden ser objeto de amnistías e indultos y, por lo tanto, no ser sancionados.

También denuncia el organismo que la ley aprobada no incluye condiciones y mecanismos lo suficientemente efectivos para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de la verdad sin los cuales no puede hacerse efectiva la justicia, ni asegurarse la reparación a las víctimas.

Se puede prever que la insuficiente reparación a las víctimas no va a contribuir positivamente al necesario proceso de reconciliación, dice en uno de sus apartes el documento.

Uno de los aspectos mas relevantes de las críticas esta relacionado con el tema de las inhabilidades políticas para formar parte de la Fuerza Pública o de otros cuerpos armados oficiales, asegurando que no quedó clara en la ley una eventual inhabilidad para los desmovilizados de los ilegales que hayan cometido delitos de lesa y que quieran aspirar a cargos públicos -

"La Comisión de la ONU está tomando nota del actual proceso de desarme y desmovilización e insta al Gobierno y al Congreso de Colombia a establecer, tan pronto sea posible, un marco jurídico integral en el que se reconozcan y garanticen plenamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas que permitiría lograr la paz duradera en un entorno de buen gobierno, democracia, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, y conducir hacia la reconciliación nacional " Concluye el extenso documento de las Naciones Unidas que fue entregado hoy al gobierno del presidente Alvaro Uribe-