En el debate que hará el senador del Polo Democrático Gustavo Petro para tratar de demostrar las supuestas relaciones entre políticos, autoridades, empresarios o gentes del común, con grupos ilegales, uno de los tópicos centrales será el de las Convivir, debido al aparente impulso y apoyo que recibieron durante la administración del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, entre 1995 y 1997.

Pese a que ha pasado una década desde entonces, y a que la situación jurídica del país en torno a ese tema también ha sufrido cambios, tienen nuevas exigencias y sentencias, la realidad es que las Convivir no han muerto, siguen existiendo.

La Personería Municipal de Medellín confirmó que sus investigaciones en torno a la existencia y operaciones de esos grupos le han permitido concluir que en algunos sectores de la ciudad, pero particularmente en la zona céntrica siguen actuando, "ejercen control, en especial en lugares como el parque de Bolívar, la plazuela Uribe Uribe, la plazuela de Zea".

Según la oficina Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, esas agrupaciones armadas o no, con sistemas de operación propios, también se encuentran, se observan y se mueven en sector de amplio reconocimiento local como El Hueco, una inmensa área de comercio, conocido no solo en la ciudad sino en el país por su gran oferta de mercancías a precios bajos.-

"Allí están las Convivir", aseguró la Personería. Pero también han sido detectadas e identificadas en otros lugares de gran movimiento comercial como en la Carrera setenta, un sector cercano a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, como también en el concurrido Parque de Berrío donde se encuentra la más grande y utilizada estación del sistema Metro de Medellín, y en toda la zona céntrica comercial de esta capital.-

Según las informaciones de la Personería, en Medellín esa denominación de Convivir se ha generalizado entre el común de la gente para señalar a esos grupos organizados para ejercer control ilegal del espacio público, y de esta manera hasta tienen ingerencia en negocios como la venta de minutos por celular, cobran impuestos por permitir el ejercicio de la prostitución y algunas actúan como oficinas de cobro.-

Las mismas investigaciones precisan que las autoridades tienen identificadas 61 personas que integrantes de estas agrupaciones ilegales, pero que no han sido procesadas judicialmente por la falta de denuncias concretas, debido al temor de la comunidad o de los afectados con sus acciones.-

La historia

Los analistas, investigadores sociales y políticos identifican a las Cooperativas de vigilancia rural Convivir como uno de los elementos que estimularon y derivaron en el proyecto paramilitar en Antioquia, hace varias décadas.

El investigador del Instituto Popular de Capacitación, Alexánder Reina Otero, describió el fenómeno de las Convivir como "el combustible que permitió, legalmente, el avance del proyecto paramilitar en Colombia", y particularmente en algunas subregiones de Antioquia.

Según el académico, además de este impulso, las Convivir también crearon las condiciones para el fortalecimiento del paramilitarismo con todas sus consecuencias posteriores y actuales, debido a que la legislación de la época, que les permitió el surgimiento, también autorizaba a los particulares, o grupos personas privados acceder a las armas de largo alcance, con las cuales desarrollaban estas acciones.

Al evaluar la presunta responsabilidad del entonces gobernador Álvaro Uribe en el estímulo o apoyo a ese proyecto, el señor Reina Otero opinó que el entonces mandatario seccional --como se dice en el argot popular-- "simplemente se hizo el de la vista gorda y cayó en su propia trampa de creer que el conflicto armado del país se resuelve armando la gente y militarizando la sociedad".

Para el señor Reina, "pese a las advertencias de los organismos de derechos humanos, el entonces gobernador Uribe nunca quiso entender lo nefasto de su apoyo a tales organizaciones".

Por su parte, el decano de de Ciencias Políticas en la Universidad Eafit en Medellín, Jorge Giraldo Ramírez, recordó que las Convivir en Colombia, como grupos legales civiles de apoyo a las fuerzas militares, son un proyecto surgido have 40 años, una historia que ha recorrido por desarrollos distintos.

Rememoró también que en 1968, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se expidió la primera resolución gubernamental que permitía la creación de grupos legales de autodefensas apoyados por el Ejército.

Veinte años después, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas, ese decreto fue declarado ilegal, y luego en los período presidenciales de los liberales César Gaviria Trujillo y Ernesto Samper Pizano, crearon e impulsaron una nueva figura de organizaciones civiles de apoyo a las tareas de seguridad de la fuerza pública, bajo el nombre de cooperativas de seguridad Convivir. Las Cooperativas de vigilancia rural Convivir fueron creadas por el gobierno mediante Decreto 356 de 1997.

En ese sentido, serían grupos de civiles con apoyo militar, pero también para apoyar a los militares, lo cual en sentido etimológico permitió acuñar el término de grupos paramilitares.

Según el profesor Giraldo Ramírez, lo que ocurrió a partir del año 1995, cuando el ahora presidente Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, fue la promoción de estas organizaciones apoyados en la legislación vigente en su momento.-

La sentencia de la Corte

Una sentencia de la Corte Constitucional, la C- 572 de noviembre de 1997, aceptó la legalidad de las cooperativas Convivir pero les prohibió hacer labores de inteligencia y portar armas de uso restringido a organismos o entidades del Estado.

Curiosamente uno de los magistrados de la Corte Constitucional y quien más lideró el rechazo a la cooperativas Convivir fue Carlos Gaviria Díaz, ex candidato presidencial y hoy presidente del Polo Democrático Alternativo, el mismo partido de la oposición al gobierno de Uribe Vélez, y en el que pertenece el Senador Gustavo Petro, el mismo del debate sobre el paramilitarismo en Antioquia.-

En esas deliberaciones judiciales de la Corte, los magistrados Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández y Vladimiro Naranjo salvaron el voto y en su oportunidad explicaron que las Convivir debieron ser declaradas inconstitucionales porque usurpan el monopolio del Estado en el uso de las armas.-

Un parágrafo del Artículo 39 del Decreto 356 de 1997 definía los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada que prestaban esas cooperativas, y decía textualmente que "Se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos de los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa". También precisaba el Decreto Ley que "la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer un control permanente con cargo al vigilado".

Esa disposición del Decreto fue declarada inconstitucional por la Corte, en una sentencia respaldada por los magistrados Antonio Barrera, Hernando Herrera, Alejandro Martínez, Fabio Morón y Jorge Arango, cuyos argumentos atendían al Derecho Constitucional a la paz, y advertían que en ese contexto, el control y uso de las armas deben sólo deben ejercerlo las autoridades.-

Sin embargo, los magistrados también plantearon que eso no debe ser un obstáculo para que los particulares puedan apoyar la labor de la fuerza pública.

Mas tarde, un decreto presidencial obligó a las Convivir a divulgar públicamente los nombres de sus integrantes y les exigió definir las fronteras de operación para que no actuaran por todo el país con sus armas amparadas. Fueron decisiones judiciales que convirtieron a las Convivir en "poco atractivas", se desestimularon, y algunas fueron desapareciendo.

Una de esas últimas agrupaciones, precisamente en la zona de Urabá, recibió apoyo económico de la empresa productora y exportadora de banano estadounidense Chiquita Brands, para canalizar esos recursos hcia las Autodefensas Unidas de Colombia.

La Empresa Chiquita Brands o Banadex, confesó el 15 de mayo de 2004 haber entregado 1.7 millones de dólares en un período que va desde 1997 hasta 2004 a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

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