Como ha sucedido en los otros 700 mil casos de hectáreas robadas y recuperadas por el Gobierno este año, el Estado es la mayor víctima.

La Superintendencia de Notariado y Registro iniciará el próximo año una serie de investigaciones que determinarán la gravedad del delito de despojo de predios en regiones como Cesar, Magdalena y la Altillanura.

“Por decisión del Presidente de la República y del Ministro de Justicia y del Derecho, el próximo año adelantaremos un trabajo profundo en siete departamentos arrancando el primero de enero en el Tayrona, el 15 de enero en Cesar, continuamos con Magdalena y siguiendo, entre otros, con casos presentados en la altillanura (Vichada y Meta) una región fundamental para el Plan de Desarrollo”, explicó el superintendente Jorge Enrique Vélez.

Estas investigaciones se realizarán con el apoyo del personal de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, quienes apoyarán la labor de la Superintendencia de Notariado y Registro y determinar lo ocurrido en estos departamentos donde se han presentado, según Vélez, “bastantes denuncias muy graves y preocupantes”.