La Constitución de 1991 originalmente prohibió la extradición de ciudadanos colombianos.
El artículo 35 de la carta magna decía: "Se prohibe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación colombiana, serán procesados y juzgados en Colombia".
De acuerdo con el momento histórico que vivía el país, los constituyentes consideraron que la abolición de la extradición era la clave para detener los actos terroristas, provenientes principalmente del cartel de Medellín, liderado por el extinto narcotraficante Pablo Escobar.
Sin embargo, durante el gobierno del ex-presidente Ernesto Samper, la Constitución fue modificada con el fin de resucitar esta figura.
Según el ex-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Horacio Serpa, en el transcurso del mandato de Ernesto Samper Pizano, se demostró que la abolición de la extradición no había sido una herramienta efectiva para debilitar al narcotráfico, sino que parecía haber tenido los efectos contrarios.
El Congreso de la República a través del Acto Legislativo 01 de 1997, le introdujo la siguiente reforma al artículo 35 de la Constitución:
"La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. Además, la extradición de colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior considerados como tales en la legislación colombiana. La ley reglamentará la materia. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la presente norma".
El gobierno del presidente Alvaro Uribe ha sido enfático en afirmar que la extradición no es negociable.
En ese mismo sentido, el ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt de La Vega indicó que durante el gobierno actual, más de 400 colombianos han sido extraditados.
