En el informe 2011 del Servicio Internacional para los Derechos Humanos ISHR, sobre la protección del gobierno a Defensores de los Derechos Humanos en Colombia, explica el organización internacional que luego del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y la llegada del presidente Juan Manuel Santos, la estigmatización a estas personas continuó tanto en escenarios privados como públicos aún cuando ahora hay disposición para el diálogo.

Según el Servicio Internacional para los Derechos Humanos ISHR que apoya el compromiso de los defensores de Derechos Humanos con las Naciones Unidas y otros sistemas regionales, las amenazas aumentaron contra organizaciones de mujeres, líderes de procesos de restitución de tierras y líderes indígenas.

Expresa la organización no gubernamental internacional que esto se expresa en hechos como el proceso nacional de las Mesas de Garantías y la propuesta de construcción de una política pública de Derechos Humanos para el Estado Colombiano, pero al mismo tiempo, los defensores Colombianos expresan preocupación por posturas relacionadas con el fuero militar, la persecución penal de personas que entran en procesos de paz y limitaciones al reconocimiento jurídico de derechos económicos y sociales.

Así mismo explica que en las regiones y en los ámbitos locales se observa una falta de comprensión de las políticas del Gobierno central lo que se traduce en medidas preventivas insatisfactorias frente a las amenazas, hostigamientos y homicidios de defensores y defensoras.

Así mismo reitera el Servicio Internacional para los Derechos Humanos ISHR, que de acuerdo a informes de las organizaciones, las agresiones individuales contra las personas defensoras de derechos humanos durante el primer semestre de 2011 se incrementaron en un 126 por ciento, con respecto al mismo período del 2010.

El documento aclara que todavía no hay compromisos puntuales que haya implementado el Gobierno, como la falta de respuestas frente a casos de vigilancia ilegal, aclarando que las organizaciones de Derechos Humanos en el país sostienen que las interceptaciones telefónicas ilegales continúan.

Aclara la organización que los resultados de las investigaciones penales adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, donde las víctimas son defensores y las que ha llevado la Procuraduría General de la Nación, no han obtenido resultados visibles en sus investigaciones disciplinarias.

Así mismo revela el ISHR que organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, como el Ministerio Público y organismos del Sistema de Naciones Unidas reportan el robo de documentos y materiales de las oficinas de organizaciones de derechos humanos.

Finalmente la organización asegura que la impunidad es un fenómeno que afecta a defensores y defensoras en el mundo, considerando la apertura en la relación entre los defensores y el gobierno en Colombia.