La sección primera del Consejo de Estado ordenó a la administración Distrital, a la Policía y a la Defensoría del Espacio Público que desalojen a los vendedores ambulantes de la Carrera Séptima entre el Palacio de Justicia y la calle 24.
El Alto Tribunal le dio la razón a una ciudadana que manifestaba no poder movilizarse por cuenta de los vendedores apostados en la Carrera Séptima.
En seis meses la Administración Distrital debe tener listo todo el proceso de desalojo.
Ordena el Alto Tribunal que en 20 días se haga pública una campaña para que las personas sepan donde están ubicados los recintos donde serán llevados los vendedores ambulantes.
En la sentencia se deja en claro que en ningún lugar se puede dar cabida a la piratería.
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