La Procuraduría General de la Nación le exigió a la administración distrital de Gustavo Petro que brinden condiciones de confianza y certeza en relación con las fechas y cronogramas de cada etapa del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, basados en el principio de planeación, que debe guiar la actividad y las funciones del proceso.
El despacho del procurador delegado le advirtió a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaria de Planeación, a los funcionarios de Transmilenio S.A., al SITP y al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, entre otros, que además de existir aspectos legales fundamentales dentro de este proceso, también son de vital importancia los aspectos sociales que deben ser tenidos en cuenta para lograr una debida puesta en marcha e implementación del sistema integrado de transporte.
La Procuraduría emitió una serie de recomendaciones para exigir claridad por parte de la administración, en busca de exponerle a los ciudadanos temas relevantes como tarifas, subsidio, recaudo, flota, patios, estaciones, pedagogía, entre otros.
De igual manera, la Procuraduría hizo un fuerte llamado de atención a la Alcaldía de Bogotá, para que le exija a los responsables de implementar el proceso, que se apeguen a los compromisos adquiridos de forma efectiva, cumpliendo y respetando cada etapa del mismo.
El Ministerio Público reiteró a la administración del Distrito Capital que el servicio de transporte está orientado a garantizar la movilización de los ciudadanos en vehículos apropiados, en una infraestructura acorde a las necesidades de los usuarios y en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad.
