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Santos fue informado un día antes sobre la destitución de Petro

ImprimirComentar Caracol Radio revela la historia desconocida del fallo que la Procuraduría podría dar ya por notificado.
Caracol | 16 de Diciembre de 2013
La noticia que se produjo el lunes 9 de diciembre al mediodía, luego de la destitución del exgerente del Acueducto, Diego Bravo, no solo la tenía guardada el Procurador General de la Nación. El domingo anterior, hacia las 4 de la tarde, Alejandro Ordóñez le comunicó la decisión que tomaría al presidente Juan Manuel Santos.

Ese lunes 9 estaba previsto que el Jefe de Estado presidiera un foro sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el que participarían además el alcalde Gustavo Petro, la ONU y la Veeduría Distrital, pero a última hora canceló su intervención y delegó la representación en el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, a quien le comentó que existía la versión de una posible destitución del Alcalde Mayor de Bogotá.

Gómez Méndez le aseguró a Caracol que fue en ese escenario donde conoció la destitución de Petro y que su propuesta de revisar las facultades del Procurador es un tema que le preocupa desde hace años como lo dijo en el evento.

El proceso, que se inició el 11 de enero y que ese día llegaba a la etapa de fallo, había sido analizado cuidadosamente porque en la Procuraduría se sabía que la decisión tendría consecuencias políticas y no solo jurídicas y que serían cuestionadas las facultades del Procurador para decretarle la muerte política a un líder de izquierda, ex guerrillero y en medio del proceso de paz

Procuradores y abogados estudiaron casos anteriores, con investigados también de la izquierda y encontraron que la misma procuraduría había archivado investigaciones a personas como Antonio Navarro, Jorge Robledo, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez, Guillermo Alfonso Jaramillo y Luis Carlos Avellaneda.

Pero las preguntas iban más allá y tenían que ver con la facultad de destituir funcionarios públicos elegidos por voto popular. La Procuraduría revisó no solo la facultad constitucional, artículo 277, sino el Código Único Disciplinario, del que hizo parte en su elaboración el hoy Fiscal, Eduardo Montealegre, en su calidad de viceprocurador, y el entonces procurador Jaime Bernal Cuellar, quien hoy le dijo a Caracol que ley 734 de 2002 si le da esa facultad al Jefe del Ministerio Público.

Pero Bernal fue más allá y aseguró que su Viceprocurador hoy Fiscal General por haber participado de la redacción del Código Único Disciplinario no está impedido para investigar al Procurador Ordóñez. Esto en la medida en que otros analistas consideran que podría estar impedido pero principalmente por investigar penalmente a Gustavo Petro.

Para más seguridad delegados cercanos al Procurador revisaron el uso de esa facultad en las anteriores administraciones de los Procuradores Edgardo Maya Villazón y Jaime Bernal Cuéllar, quien coincidencialmente destituyó al designado Alcalde de Bogotá, Paul Bromberg, y al representante Armando Pomárico, por problemas con contratos.

Para el Procurador era claro que no había en derecho ninguna razón para no tomar la decisión, pues según ese mismo Código, Petro había incurrido en las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 y que son sancionadas con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, según lo prevé el artículo 44.

La decisión entonces se tomó y lo que ha ocurrido después también es desconocido.

El martes 10 de noviembre el país conoció que la ONU, a través de Todd Howland, su delegado para los derechos humanos en Colombia había solicitado cita al Procurador.

De inmediato la Procuraduría a través de su cuenta de twitter informó que no había recibido ninguna solicitud y se declaró a la espera para concretar el encuentro.

Sobre este punto hay dos versiones. Las de algunos funcionarios que aseguran que el jefe de la ONU llamó pasadas las 10 de la noche a pedir la cita y no precisamente al procurador sino a una funcionaria de ña procuraduría que había estado vinculada al proceso, y otra, que plantean fuentes de Naciones Unidas quienes aseguran que la secretaria de Howland se comunicó varias veces el martes 10 con el despacho de Ordóñez para intentar concretar el encuentro.

Incluso en una de esas conversaciones le solicitaron copias de algunos documentos que fueron llevadas por un conductor y un asesor de Howland la misma noche del martes, pero cuando llegaron a la sede del Ministerio Público, sobre las 8 y 30 de la noche, un celador de apellido Zambrano les dijo que no podía recibir el paquete. Los documentos fueron entregados el miércoles en la mañana cuando Howland ya había salido del país.

Posteriormente vino la intervención de la Fiscalía que ha cuestionado el fallo

Esa intervención también ha tenido varios incidentes. La primera vez que los miembros del CTI fueron a la procuraduría fue el miércoles 11 de diciembre para exigir copia del fallo, pero no se lo entregaron bajo el argumento de que existía reserva legal. El jueves volvieron y la respuesta, según el vicefiscal Jorge Perdomo fue que no había personal para sacar las fotocopias. Finalmente el viernes fueron con una carta del Vicefiscal en la que se le advertía al Procurador Juan Carlos Novoa, ponente del fallo contra Petro, que de no entregarlo estaría incurriendo en el delito de “ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”, ante lo cual, el funcionario que los recibió a los miembros del CTI les dijo: “incáutelo”.

Pudimos determinar que aunque el alcalde no se han notificado del fallo, sus diferentes intervenciones en la plaza pública y sus referencias a la decisión darían para que la Procuraduría lo entienda notificado, por lo que en derecho se llama conducta concluyente, para lo cual dejaría constancia por escrito de que los tres días que tiene para oponerse al fallo empezaron a contar.

De no ser así, el alcalde tiene hasta el 30 de diciembre para presentar la reposición y pedir la anulación del fallo.

Para la Procuraduría, la decisión del Fiscal de investigar a Alejandro Ordóñez hace parte de sus funciones toda vez que recibió denuncias que debe tramitar para determinar si hubo o no abuso de autoridad.

Lo que parece que no ha caído bien es que el Fiscal Montealegre, quien delegó en el Vicefiscal Perdomo las investigaciones penales contra Petro, haya cuestionado la decisión del Procurador y haya recibido al alcalde en un encuentro que duró tres horas. Para exmagistrados como el expresidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, esto por lo menos rompe con la imparcilidad.

Las críticas de los últimos días de por qué la desproporción del fallo entre Samuel Moreno y Gustavo Petro ha obligado a la Procuraduría a revisar lo que hace dos años había contra él y se estableció que era la máxima sanción que se le podía imponer por faltas graves por omisión, que eran las únicas pruebas con las que contaba en ese momento el Ministerio Público.

No pasó lo mismo con otros partícipes en el carrusel de contratos a quienes la Procuraduría destituyó e inhabilitó a 20 años como Iván Moreno y el excontralor Miguel Angel Moralesrussi, a 12 años a Germán Olano, a 11 años a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo y a Inocencio Meléndez.

Caracol pudo establecer una vez conocido el fallo contra Petro varias personas, incluso vinculadas a otras entidades, hicieron acercamientos al Procurador y a su familia para obtener copia de la decisión que permanecía bajo custodia. Pero la información que buscaban no sólo tenía que ver con el fallo sino con cualquier dato que les permitiera a otros órganos de control saber qué reacciones o medidas se tomarían frente a la situación desatada con la destitución y cuál era el ánimo que reinaba. Una conocida lobista incluso fue vista mandado chats a la Presidencia y a abogados cercanos a la fiscalía en una especie de triangulación de la información que escuchaba en reuniones privadas.
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