La contralora general de la República, Sandra Morelli, confirmó que desde el viernes comenzó el proceso del embargo del patrimonio del alcalde de la ciudad de Bogotá, Samuel Moreno.
Aclaró que en este caso son medidas cautelares y son preventivas para garantizar los pagos por el supuesto detrimento patrimonial del orden de los 200 mil millones de pesos por el caso de la fase tres de Transmilenio.
“En la medida en que la Contraloría necesite más activos para recuperar el monto calculado de los perjuicios se tendrán que embargar más bienes”, subrayó.
La contralora Sandra Morelli manifestó que la idea de la investigación no es determinar si hay o no enriquecimiento ilícito y sólo se buscar preservar el patrimonio público de los colombianos en el caso de la calle 26.
Agregó que si hay responsabilidad fiscal del actual alcalde, Samuel Moreno se procederá a rematar los bienes y esos dineros van al tesoro público
De acuerdo con la funcionaria, el proceso hace referencia a la situación de las 26 por no tomar los correctivos del caso y en el manejo de los anticipos y las multas entre otros aspectos.
Morelli manifestó que desde el viernes se realizaron las notificaciones correspondientes del proceso de embargos a las entidades bancarias correspondientes.
Aclaró que tampoco tiene información si hubo cambio de bienes o desvíos de los mismos porque no se tiene esa información.
La contralora General afirmó que la decisión de su despacho de abrir una investigación al ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, hace referencia a la adjudicación de la licitación de la fase tres de Transmilenio sin los diseños previos y los estudios previos.
No descartó la posibilidad de un embargo de los bienes de Garzón, pero que esa medida va a depender de los resultados que arroje la investigación que se adelanta.
Agregó que en este caso se adelantarán las pruebas correspondientes y si los estudios del proyecto eran completos o no para tomar las decisiones del caso.
La Contralora General de la República manifestó que la investigación en el caso de Luis Eduardo Garzón está en marcha.
En el caso del actual director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez, dijo que el funcionario no ha entregado la información que ha solicitado la Contraloría General de la República y que por ello, hay un proceso sancionatorio en marcha.
En le tema de Segurexpo tiene que ver con la evaluación que hizo la entidad en la aprobación de las pólizas correspondientes y si midieron los riesgos de los seguros.
