El número de colombianos que entra en Ecuador huyendo de la violencia ha aumentado progresivamente en los últimos dos años, hasta colocarse en entre 1.200 y 1.500 por mes, según dijo hoy la ONU.
Actualmente hay 55.000 refugiados reconocidos en Ecuador, según los datos que el Gobierno ha proporcionado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayor cifra en Latinoamérica, frente a los tan solo 390 de 2000.
De ellos un 98 % son colombianos y un 70 % mujeres y niños, que huyen de después de que los esposos fueran reclutados en grupos ilegales o asesinados, o se trata de madres solteras, según el ACNUR.
Además, el Gobierno de Ecuador tiene pendientes casi 21.600 solicitudes para obtener la condición de refugiado y existe un número indeterminado de extranjeros en su territorio cuyos papeles han expirado, de acuerdo con esa organización.
También hay una cantidad desconocida de colombianos muy pobres que viven en comunidades aisladas en la frontera y que carecen de acceso al procedimiento de solicitud de asilo, porque no cuentan con el dinero para viajar a la capital o les da miedo salir, según el ACNUR.
"En los últimos dos años hemos visto que se ha intensificado el número de llegadas, ya la Dirección de Refugiados (del Gobierno de Ecuador) habla de un aproximado de 1.200 a 1.500 personas por mes", dijo Deborah Elizondo, representante del ACNUR en Ecuador.
Elizondo hizo sus comentarios en una rueda de prensa junto con el presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricio Pazmiño, durante la cual firmaron un acuerdo de cooperación para formar, entre otros, a policías y funcionarios de ministerios y del sistema judicial sobre temas de refugiados y de derecho constitucional.
Además, la Corte ultima la firma de un convenio de capacitación con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que también incluirá el derecho internacional referente a los refugiados, explicó Pazmiño.
El ACNUR invertirá este año cerca de 12 millones de dólares en sus operaciones en Ecuador, donde desarrolla proyectos de ayuda en áreas como educación, salud y sanidad en comunidades fronterizas, explicó Elizondo.
Citó como uno de los retos las diferencias entre el ACNUR y las autoridades ecuatorianas sobre el concepto de quién es un refugiado.
"En algunos casos sí tal vez se discrepa en la aplicación que se ha dado, de parte del ente institucional del Gobierno. Muchas veces estas personas recurren a apelar contra una denegatoria (del estatus de refugiado) y muchas veces tal vez no se han observado derechos fundamentales", dijo.
Elizondo también denunció "una especie de discriminación velada en la sociedad, que muchas veces no les ha permitido a los refugiados inscribir a sus hijos cuando nacen en territorio ecuatoriano, muchas veces no tienen los hijos acceso a la educación".
Lo achacó en parte a lo que considera una "manipulación" de los medios de comunicación que, en su opinión, presentan a los refugiados como criminales, y dijo que el ACNUR trabaja en una campaña con la Cancillería de Ecuador para proyectar una imagen positiva de ellos.
