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“No podemos perdonar a esta mujer. Su marido tiene derecho a matarla”

ImprimirComentar De acuerdo con la ONG Oxfam, el 87 por ciento de las afganas declaran haber padecido violencia física, sexual o psicológica, o ser víctimas de un matrimonio forzado.
Diario EL PAÍS de España | 9 de Julio de 2012
El asesinato público de una mujer en Afganistán vuelve a poner de relieve la brutalidad y el primitivismo de parte de esa sociedad, pero sobre todo lo poco que ha conseguido una década de ocupación occidental. Su difusión en vídeo sólo añade sal a la herida, en especial por su coincidencia con la Conferencia de Donantes de Tokio en el que se ha vinculado la futura ayuda al desarrollo a avances en la gobernanza, la justicia y los derechos de la mujer.

Las imágenes, al parecer captadas con un móvil, producen escalofríos. Varias decenas de hombres sentados en el suelo o instalados sobre los techos de las casas vecinas observan a una mujer, cuya silueta se adivina bajo una tela grisácea. Está de espaldas, sentada sobre sus talones.

“Esta mujer, hija de Sar Gul, hermana de Mostafa y esposa de Juma Khan, se escapó con Zemarai. No se la ha visto en el pueblo durante un mes”, pronuncia un barbudo en presunta función de juez, según la traducción de la agencia France Presse. “Por fortuna, los muyahidines la han atrapado. No podemos perdonarla. Dios nos dice que acabemos con ella. Juma Khan, su marido, tiene derecho a matarla”, prosigue.

Entonces, alguien entrega un Kaláshnikov a un hombre vestido de blanco que la apunta desde unos dos metros y dispara. Más de diez veces. Incluso después de haberle alcanzado la cabeza. Los asistentes corean “Dios es el más grande” y “Larga vida al islam”.

No está claro quién está detrás de ese fusilamiento que esos hombres celebran jaleando al asesino en una aldea de la provincia de Parwan, a apenas un centenar de kilómetros de Kabul. Lo único seguro es que quien sigue pagando los platos rotos de la ignorancia, la pobreza y las luchas de poder es la mujer afgana, a la que en este caso, como en muchos otros, se acusa de adulterio para cubrirlo de pretendida legalidad.

Una portavoz del Gobierno provincial, Roshna Khalid, atribuyó a los talibanes el asesinato de la mujer, que identificó como Najiba, de 22 años. Según Khalid, se habría producido hace 16 días y ni la policía ni el Ejército pudieron intervenir. Sin embargo, los talibanes, levantados en armas contra el Gobierno de Karzai, han negado su implicación y atribuyen el incidente a un arreglo de cuentas tribal.

“El asesinato de una mujer que no tiene la posibilidad de defenderse contra el arma y la brutalidad de los criminales, es un claro símbolo de la cobardía y perversidad de sus asesinos”, ha declarado por su parte el presidente afgano, Hamid Karzai, según un comunicado difundido por su oficina. Karzai, que aún se encuentra en Tokio donde ayer asistió a la Conferencia de Donantes, ha tachado el crimen de “odioso e imperdonable en la sagrada religión del islam y en las leyes del país”.

También ha ordenado la inmediata búsqueda y captura de los responsables, un bonito gesto de cara a la galería internacional que tiene pocas posibilidades de dar resultados. Por mucho que hayan cambiado las leyes en Kabul, el Gobierno central no tiene ni la capacidad ni a decir de muchos la voluntad de ponerlas en práctica en un país anclado en el Medievo donde la mentalidad de la mayoría de la población ha variado muy poco desde el derrocamiento del régimen talibán. A pesar de sus buenas palabras, Karzai sigue apoyándose en los antiguos señores de la guerra y otros elementos extremistas para mantenerse en el poder. Los valores de esos grupos se diferencian muy poco de los talibanes.

De acuerdo con la ONG Oxfam, el 87% de las afganas declaran haber padecido violencia física, sexual o psicológica, o ser víctimas de un matrimonio forzado. Aunque la presencia de las tropas internacionales ha permitido mejoras en las ciudades, estos pequeños avances no se extienden a las zonas rurales. De ahí el temor de EEUU y sus aliados a que tras la retirada de sus Ejércitos, la situación empeore y la decisión de vincular la ayuda al desarrollo al progreso en los derechos de la mujer.
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