Carlos Manuel Silva, fiscal de la Unidad Anticorrupción, radicó el escrito de acusación en el proceso que se le adelanta a Marilú Méndez Rada por los delitos de tráfico de influencias, peculado por apropiación y falsedad en documento público, dentro de las investigaciones que se adelantan por la contratación en Fondelibertad.

El primero de los delitos, tráfico de influencias, está relacionado con la supuesta influencia, a través de Harlan Henao, exdirector de Fondelibertad, para favorecer a la sociedad FAES S.A.S. para una capacitación a la Policía Judicial, por medio del contrato 193-2009. Por valor de 51 millones de pesos.

En el segundo contrato 067-2010, por valor de 99 millones de pesos, la exfuncionaria supuestamente influyó para favorecer a la firma Idrobo y Asociados, perteneciente a su exesposo Luis Idrobo Gómez.

El segundo cargo imputado, peculado por apropiación, está relacionado con el traslado de un personal de la Fiscalía General de la Nación de Cali a Bogotá para que dictaran la capacitación adjudicada a una de las firmas en la que intervino y que los gastos de traslado corrieron por cuenta de la propia Fiscalía.

De acuerdo con el fiscal, el peculado habría sido por un valor de dos millones 888 mil pesos y correspondiente a un detrimento para la entidad, toda vez que fue la que corrió con los gastos de traslado.

El tercer delito, falsedad en documento, tiene que ver con el trámite que habría adelantado para trasladar al personal de Cali a Bogotá. Sin embargo la exfuncionaria no aceptó ninguno de los delitos indilgados.

El juzgado 33 penal del circuito con funciones de conocimiento, será quien adelante el proceso en contra de la exdirectora nacional del CTI de la Fiscalía, Marilú Méndez Rada.