Caracol Radio conoció la respuesta de la Cancillería al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se pidió a la Corte Interamericana que asuma el caso por falta de acciones de Estado para esclarecer los hechos ocurridos el seis y siete de noviembre de 1985.

Se trata de un documento de 44 páginas enviado el pasado 30 de enero al despacho de Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana en Washington, firmado por Assad José Jater Peña, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería.

En el informe, el gobierno colombiano expone como argumentos para no aceptar su responsabilidad en los hechos de Palacio de Justicia, presunta violación al debido proceso y al derecho a la defensa porque según afirma, no fueron atendidas por parte de la Comisión Interamericana las peticiones para que se explicara la unión de las etapas procesales de admisibilidad de la demanda y análisis de fondo del caso.

De igual forma hace un relato detallado de las investigaciones a militares por el Holocausto, incluyendo la confirmación de la condena a 30 años de cárcel contra el coronel Alfonso Plazas Vega, emitida la semana pasada por el Tribunal Superior de Bogotá.

También hace mención de las investigaciones, hasta el momento preliminares, por presunta tortura durante la toma de Palacio de Justicia a los entonces estudiantes de Derecho Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson a manos de militares.

Dice el documento que “El Estado a través de las autoridades competentes no sólo ha demostrado una gestión desde el momento en que ocurrió el ataque al Palacio de Justicia, así como el esclarecimiento de los hechos de acuerdo con las pruebas judiciales existentes en cada procedimiento, sino también la búsqueda de los presuntos responsables, al punto de indagar en variadas líneas de investigación, como lo demuestran los procesos penales que se siguen en la actualidad”.

Posteriormente se hace un recuento de los procesos contencioso administrativos entablados por los familiares de los desaparecidos durante el Holocausto y el dinero que han recibido tras ganar demandas contra el Estado colombiano.

Igualmente indica la respuesta de Colombia que “El Estado ha realizado avances y obtenido resultados significativos en la aplicación de la doctrina respecto de los Derechos Humanos y el derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Militares, acorde con los tratados, convenios y protocolos vigentes con organismos internacionales”.

Se habla de manera extensa de los manuales de respeto a los derechos humanos en las fuerzas armadas y la forma en que se integra esa situación a la doctrina impartida a los militares.

“Adicionalmente se han implementado diferentes formas de aprendizaje que permiten al militar interiorizar y aplicar la normatividad de DH y DIH al contexto de las operaciones”

Sin embargo, llama la atención que en el informe de Colombia no se hace mención frente a varias recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen fuerza de órdenes, entre las que está la de “iniciar la búsqueda y localización inmediata de los desaparecidos para entregarlos a sus familiares”, reconocer internacionalmente la responsabilidad en los hechos y ofrecer una disculpa pública, brindar atención sicológica a los familiares de los desaparecidos y de los torturados y recuperar la memoria de las víctimas.