Palmicultores detenidos tenían una empresa criminal: Fiscalía

Caracol Radio recorre desde hoy la región, escuche desde mañana los testimonios de quienes sufrieron el desplazamiento y terror contra los afrodescendientes.
Caracol | Mayo 22 de 2010
Así lo establece un documento de la Fiscalía. Caracol Radio recorre desde hoy la región, escuche desde mañana los testimonios de quienes sufrieron el desplazamiento y terror contra los afrodescendientes.

Caracol Radio tuvo acceso a los detalles sobre la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que desembocó en la captura de 24 importantes empresarios dedicados al cultivo de la palma de aceite en Antioquia y Chocó, presuntos aliados de las autodefensas.

En resumen, el modus operandi de este grupo criminal de palmicultores y paramilitares consistía primero en ingresar con acciones de terror en la zona, con masacres y desplazamientos, posteriormente llegaban los empresarios a comprar las tierras a los afrodescendientes a bajos precios, teniendo en cuenta el pánico que tenían, y en caso de que no quisieran vender a las buenas, los obligaban por medio de amenazas de muerte contra ellos y sus familias.

Otro de los aspectos que motivaron las investigaciones de la Fiscalía es el uso a todas luces irregular de dineros del Estado, especialmente del Banco Agrario por parte de paramilitares y algunos empresarios de la palma de aceite, para financiar la expansión del monocultivo en la zona de Urabá.

Inicialmente la Fiscalía cita como un punto de partida importante para la expansión del dominio paramilitar en la zona de Urabá, la Operación Génesis, efectuada en 1997 entre “miembros de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y efectivos de la Brigada XVII del Ejército Nacional, incursionaron de manera violenta en las cuencas de los ríos Cacarica y Truandó de municipio de Riosucio, Chocó”.

Los investigadores establecieron que esa ofensiva militar se extendió al Bajo Atrato chocoano, jurisdicción del Carmen del Darién, “donde sistemáticamente ejecutaron actos hostiles contra las comunidades afrodescendientes”.

Posteriormente, el fiscal del caso, que había llamado a indagatoria a los 24 empresarios capturados en 2007, afirma en su documento que luego de esa ofensiva militar en la zona, “a partir del año 2000, varias empresas privadas entre las que se encuentran Urapalma S.A, Palmas de Curvaradó S. A, Palmadó limitada, Inversiones Agropalma y Cia Ltda, Palmas S. A, Palmas de Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa, se asentaron en la cuenca del Curvaradó y Jiguamiandó con el objetivo de implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente a la palma de aceite”.

Llama la atención, entre otras cosas, que para los investigadores es claro que las autodefensas protegían los intereses de esas empresas en la región.

En la providencia de 183 páginas, la Fiscalía afirma que “los empresarios se dieron a la tarea de darles visos de legalidad a la ocupación de las tierras para lo cual acudieron a variadas figuras contractuales entre las que se destaca la compraventa de predios cuyo número de hectáreas se incrementó notoriamente mediante la figura de la accesión, la relacionada con enajenación a precios irrisorios soportadas en documentos falsos y suscripciones de compraventas de usufructos”, que afectaron de manera considerable a la comunidad afrodescendiente de la zona del Urabá antioqueño y chocoano.

Los investigadores de la Unidad de Derechos Humanos encontraron que tras la ocupación violenta de sus territorios y de haber sido forzados a venderlos, el retorno de los afrodescendientes que durante décadas vivieron en la zona “se ha hecho imposible, obligándolos a contraerse en acciones humanitarias y trabajar unas tierras que además de habérselas despojado de forma violenta, paulatinamente se devastan debido a los estragos ambientales generados por el monocultivo palmero”.

Para la Fiscalía, es claro que la adquisición irregular de los terrenos y posteriores plantaciones de palma de aceite, obedeció a una organización que contó con el apoyo de grupos paramilitares, lo cual suscitó el desplazamiento de algunas de los integrantes de comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, al paso que el referido cultivo ocasionó un impacto ambiental negativo en zonas declaradas de reserva forestal.

Llama también la atención del documento de la Fiscalía que afirma que “inguna otra zona del país como esta (el Urabá), fue testigo del surgimiento, auge y transformación de esta especie de justicia privada parainstitucional”.

“En 1997, bajo un proyecto político expansionista del cual fue artífice Carlos Castaño, las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá unió sus fuerzas con las del Magdalena Medio y los Llanos Orientales”, dice la providencia.

La Fiscalía tuvo en cuenta plenamente para ordenar la captura de los 24 empresarios palmicultores, la mayoría de ellos nacidos en Medellín y Montería, las declaraciones ante la justicia del extraditado cabecilla paramilitar Heber Veloza García, alias “HH” y una entrevista concedida por el desaparecido jefe de las AUC Vicente Castaño Gil.

En el documento de la Fiscalía se menciona claramente una declaración de “HH”, en la que revela que tiene conocimiento de los vínculos familiares existentes entre Antonio Nel Zúñiga Caballero y María Fernanda Zúñiga (Padre – Hija), de ambos con Julio César Zúñiga (hermano-tío) y de ellos con Juan José Chaux Mosquera (Cuñado de los hermanos Zúñiga Caballero y tío de María Fernanda)”.

María Fernanda Zúñiga fue gerente de Fiduagraria y renunció en el 2008 a su cargo, tras el llamado a indagatoria contra su padre, Antonio Nel Zúñiga, involucrado en este escándalo.

Finalmente, la Fiscalía afirmó en la providencia que “el acuerdo o concierto autodefensas empresarios estaba encaminado a aprovechar productivamente los terrenos del Jiguamiandó y el Curvaradó, por lo cual no cesaron los desplazamientos forzados violentamente (por el contrario, arreciaron para 2001), sino que utilizaron otra modalidad igualmente contundente, de todas maneras arbitraria, como fue la compra de tierras bajo amenazas veladas, el englobe de tierras por accesiones ficticias, falsedad de documentos soporte y escrituras, todo lo cual consolidó el desplazamiento de los afrodescendientes y colonos”.

Personas con orden de captura

Gabriel Jaime Sierra Moreno: Nació en Medellín en 1953, empresario palmero
Claudio Adolfo Fregni Ochoa: Nació en Medellín en 1962, administrador de empresas residente en Medellín.

Héctor Duque Echeverry: Nació en La Ceja, Antioquia en 1967, comerciante residente en Apartadó, Antioquia

Raúl Alberto Penagos González: Nació en Medellín, ingeniero agrónomo, residente en Llano Grande, Rionegro, Antioquia.

Mario León Villa Pacheco: Nació en Montería en 1959, residente en Belén de Bajirá

Carlos Daniel Merlano Rodriguez: Nació en Barranquilla en 1963, abogado residente en Barranquilla

Guillermo Ochoa Pino: Nació en Cali, gerente y dueño de la empresa “Agropecuaria Palmas de Bajirá”

Luis Alberto Flórez Pérez: Nació en Montería, en 1972. Coordinador de cosechas de Urapalma. Residente en Belén de Bajirá.

Remberto Manuel Álvarez Vertel: Nació en Montería en 1964, agricultor, vive en la capital de Córdoba.

Jorge Luis Santo Ortega: Nació en Sincelejo en 1972. Vigilante de la empresa Urapalma. Vive en Belén de Bajirá.

Juan José Palacios Palacios: Nació en Riosucio, Chocó, en 1963. Agricultor que vive en Belén de Bajirá.

Manuel Gregorio Denis Blandón: Nació en Murindó, Antioquia. Agricultor desde 2003. Vive en Chigorodó, Antioquia.

Mario Alberto Vélez Giraldo: Nació en Rionegro, Antioquia. Es abogado y vive en Medellín.

Sor Enid Ospina Rendón: Nació en Guadalupe, Antioquia. Abogada residente en Medellín.

Hermén José Muñoz González: Nació en Tierralta Córdoba en 1966, Detenido en la cárcel de Bellavista

Javier Morales Estrada: Nació en Cartago en 1962. Desmovilizado del Bloque Elmer Cárdenas desde 2005.

Iván Patiño Patiño: Nació en Armenia en 1948. Abogado litigante residente en Medellín.

Javier José Daza Pretel: Nació en Barranquilla en 1962, administrador de empresas residente en Medellín

Jiuvanni Suescún López: Nació en Mutatá. Agricultor residente en Mutatá

Danilo Pacheco De la Hoz: Nació en Soledad, Atlántico, en 1968: Residente en Barranquilla

Antonio Zuñiga Caballero: Nació en Barranquilla en 1949. Representante legal de la empresa Palmura. Vive en Santa Marta

José Miguel Ruiz Cossio: Nació en Medellín en 1971, Administrador de empresas agropecuario residente en El Retiro, Antioquia.

Katia Patricia Sánchez Mejía: Nació en Montería en 1952. Administradora turística y hotelera. Vive en Montería
97 Comentarios
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97 Carmen | hace 2 años Como es de nuestro conocimiento al afrocolombiano no le gusta trabajar la tierra me parece que el cultivo de la palma era una buena opcion para el progreso de nuestro pais. quizas muchos estuvieron de acuerdo en vender sus tierras y ahora vienen a reclamar Responder
96 Yenis | hace 2 años Busque y cojan los verdaderos dueños y señores de la palma y no se ensañen con campesinos ignorantes y sin estudio como luis alberto flores(ñeque). ademas hay muchas mas personas utilizadas por querer tener un sustento y un futuro para la familia. investiguen quien formo las pequeñas empresas productivas de palma africana y como fue que le sacaron plata a los bancos para finananciarlas. quien resibio esa plata? utilicen la ley para hacer justicia no para atacar a quien no tiene como ni quien lo defienda. que la ley no sea solo para el que no tiene plata ni una familia capa de llegar a las ultimas por defenderlos. miren el caso desde otro punto de vista .gracias Responder
95 Pirula | hace 2 años A mi me parece que esta no es la forma de decir palmicultores tenían empresa criminal el que se expresó le consta que son criminales? hay que medir las palabras porque pone en riesgo la vida de ellos me parece que esa no es la manera. Responder
94 Pirula | hace 2 años Yo estoy de acuerdo quien quita que depronto gente inocente este pagando los platos rotos y estan presos injustamente por tratar de hacer las cosas bien para trabajar y sacar este pais adelante. Responder
93 Zayda | hace 2 años El que nada debe nada teme. pero es justo que se investigue a fondo y que los culpables paguen por lo que hicieron Responder
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