La Procuraduría General de la Nación, a pesar de varios requerimientos y prórrogas, investigará a 50 alcaldes de diferentes municipios que omitieron el envío del informe solicitado a 31 de diciembre de 2011 sobre la inversión y las labores para la atención de la infancia y la adolescencia.

La información sobre la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud le fue solicitada a las 32 gobernaciones, el Distrito Capital de Bogotá y 1.052 alcaldías.

Dentro de las alcaldías que incumplieron estas: en Antioquia: Arboletes, Campamento, Cisneros y Dabeiba. En Atlántico: Campo de la Cruz, y Piojó. En Bolívar: Achí, Cicuco, Magangué, Montecristo, Morales, San Estanislao y Soplaviento. En Cauca: Almaguer, Buenos Aires, Guapi, López de Micay, Purace, Timbío, Timbiquí, Totoró, Villarrica.

Así mismo en Cesar: San Alberto, en Chocó: Acandí, Bahía Solano, Belén de Bajirá, Juradó, Nóvita y Sipí. En Córdoba: Los Córdobas, Puerto Libertador y San Carlos. En Cundinamarca: Beltrán y San Cayetano. En la Guajira: Barrancas. En Magdalena: Remolino. En Santander: Carcasí, Landázuri, San José de Miranda y Valle de San José. En Sucre: Chalán, El Roble, Guaranda, La Unión, Majagual, Sucre y Tolú Viejo. En Tolima: Anzoátegui y Cunday. Y en el Vichada: Cumaribo.

La Procuraduría investigará las presuntas irregularidades que habrían cometido los alcaldes de estos municipios, al no haber remitido el informe de rendición pública de cuentas contemplado en la Ley.

Así mismo, el Ministerio Público anunció que con el apoyo técnico de Unicef, realizará el estudio de los informes de gestión entregados por los gobernadores y los alcaldes del país, con el fin de presentar un informe consolidado sobre la situación de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, el que se dará a conocer en el primer semestre de 2012.