Ariel Ávila, de la corporación Arco Iris, indicó que en los últimos cuatro años han asesinado a 66 líderes de reclamación de tierra, de los cuales 12 son de la zona de Urabá. Por eso asegura que uno de los grandes compromisos con las víctimas es garantizarles la seguridad física.

"Hay que realizar un estudio de seguridad para los líderes de las víctimas. Además de hacer una depuración de las Fuerzas Militares de la zona por las acusaciones reiteradas por su complacencia con los Urabeños y Rastrojos", explicó.

Además manifestó que la seguridad jurídica es un tema muy delicado, puesto que en muchos sectores los jueces fiscales y notarios que trabajaron con los paramilitares hace 14 años, siguen en la región.

"Porque uno diría a primera vista que saquen a todos los funcionarios oficiales y que depuren, pero eso no se puede hacer porque muchos de ellos no tienen investigaciones", dijo.

Ávila también dijo que se debe adelantar una actualización catastral atrasada desde los años 80.