Colombia , octubre 2 de 2014 Actualizado hace 11 minutos

Fallo del Consejo de Estado no reviviría de inmediato reforma a la Justicia

Congreso deberá resolver si atiende las objeciones presidenciales o si ordena publicar la reforma.
Caracol | Julio 24 de 2014
Dos años después de ser radicada la demanda contra la fallida reforma a la Justicia, el Consejo de Estado alista el fallo en que ordenaría anular el decreto que citó a extras y facilitó el archivo del proyecto al que le pusieron varios micos durante las conciliaciones.

La razón de fondo según el tribunal es que el presidente no podía convocar a esas sesiones extras para que el Congreso de manera exclusiva evaluara las objeciones presidenciales sobre el proyecto de reforma a la justicia.

Sustenta su tesis el tribunal en el artículo 149 de la Constitución según el cual, toda reunión del Congreso para ejercer funciones propias de la rama legislativa que se efectúe por fuera de las condiciones constitucionales carecerán de validez.

Si la sala plena del Consejo de Estado aprueba el proyecto de fallo de la magistrada María Claudia Rojas el Congreso deberá resolver si atiende las objeciones presidenciales o si por el contrario ordena publicar la polémica reforma a la justicia con todo y sus micos, lo que le daría validez de manera inmediata.

Magistrados aseguraron a Caracol Radio que ya la Corte Constitucional dijo que el presidente sí podía objetar el texto del proyecto de acto legislativo y con ese argumento el Congreso podría ordenar el archivo del texto y acabar con la zozobra del fantasma de la reforma a la justicia.

“El presidente de la República, en el contexto del proceso de formación de un acto legislativo, está facultado para formular objeciones por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia y, en consecuencia, abstenerse de sancionarlo para en su lugar devolverlo al Congreso de la República a fin de que decida si acepta o no las objeciones”, dijo la Corte cuando se inhibió de estudiar la demanda contra el archivo de la reforma.

El texto de la reforma a la justicia como quedó aprobado por las comisiones de conciliación de Cámara y Senado elimina el Consejo Superior de la Judicatura y aumenta a 12 años el período de los magistrados de las altas cortes, incluido los actuales.

Entre los micos que le fueron colgados figura la eliminación del régimen de inhabilidades, lo que acabaría con los procesos de pérdida de investidura y abriría la puerta a la contratación con familiares en cualquier grado de consanguinidad.

Crea la doble instancia en la Corte Suprema de Justicia que no podrá ordenar la detención de los implicados sino cuando el caso se encuentre en etapa de juicio.

Esto plantearía cambios en los procesos que lleva la corte por parapolítica y corrupción, donde los implicados podrían recuperar su libertad, siempre y cuando no hayan sido condenados.
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