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Implicados en la DNE aseguran que no tienen dinero para reparar al Estado

ImprimirComentar La Fiscalía inició procesos de extinción de dominio contra los mayores responsables de este escándalo.
Caracol Radio | 6 de Julio de 2014
Caracol Radio conoció que mientras exdirectivos como Carlos Albornoz y Omar Figueroa insisten que no tiene como reparar los daños causados al Estado con el desfalco y despilfarro en la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Fiscalía “no come cuento” e irá tras los bienes tanto de los mayores responsables de este escándalo como de sus testaferros.
 
La Dirección Nacional de Extinción de Dominio inició la investigación y encontró que efectivamente los funcionarios y particulares enredados en el proceso por la DNE, tenían grupos de testaferros que ocultaban los bienes y dinero a través de empresas legalmente conformadas como inmobiliarias y hasta estaciones de servicio vehicular.
 
En las diligencias de persecución de bienes los fiscales adelantan diligencias como  rastreo de cuentas en Colombia y el exterior, también inspecciones a las oficinas de registro y hasta, de ser necesario, solicitudes de embargo a los bienes y dinero en efectivo.
 
En esos seguimientos la Fiscalía estableció lazos de familiaridad entre exdirectivos de la DNE e intermediarios con depositarios para cobrar millonarias coimas y asegurar la entrega de lujosos bienes para administración o arriendo, como es el caso del padre de Omar Figueroa y familiares del Carlos Albornoz que terminaron en cargos públicos.
 
En menos de dos años los fiscales que adelantan esta investigación pasaron de dos personas investigadas a 41 imputadas por delitos como concierto para delinquir, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
 
En la cárcel permanecen dos exdirectivos de la entidad y más de una docena de funcionarios se encuentran implicados en la investigación, porque habrían participado en la millonaria defraudación al Estado a través del manejo irregular de los bienes incautados a la mafia en Colombia.
 
Como en las investigaciones por el `carrusel de contratos´ y el descalabro a la comisionista de bolsa Interbolsa, el proceso en la DNE sufre los quebrantos de una justicia garantista. Sólo dos personas hasta el momento y casi cuatro años de iniciada la investigación, fueron condenadas por estos hechos, todo como consecuencia de dilaciones de implicados y abogados para entorpecer los procesos y generar fallas en el sistema que irónicamente los beneficia.
 
De los casi 50 implicados sólo uno, el agente liquidador Camilo Bula, se acercó a la Fiscalía para negociar algún tipo de acuerdo que efectivamente encontró y por el cual el próximo lunes 7 de julio será condenado y que dejaría la primera condena contra uno de los mayores responsables de este escándalo.
 
Caracol Radio estableció que Bula denunció amenazas en su contra y de su familia antes del juicio que definirá su responsabilidad en este caso, algo que la Fiscalía calificó de gravísimo por ser precisamente Bula quien permitió a través de su colaboración identificar las dos formas que utilizaban los funcionarios de la DNE para desfalcar al Estado: la anormal administración de bienes y la venta irregular de los mismos.
 
Según la Fiscalía más de cinco exfuncionarios de la DNE y particulares se acercaron en busca de un acuerdo a cambio de beneficios en sus procesos. Entre otros se destaca la información que pueda entregar el exsubdirector jurídico de la entidad Carlos Robledo quien manifestó su interés en participar en un proceso de colaboración efectiva con la justicia que le permita al mismo tiempo obtener algún beneficio jurídico
 
Los fiscales de este caso insisten en la efectividad de la investigación mientras esperan que las dilaciones permitan avanzar y condenar de una buena vez a quienes consideran los mayores responsables del escándalo, pero advierten que existe un capitulo en este caso que aún permanece engavetado. Se trata de los aforados constitucionales cuya responsabilidad está en la Corte Suprema de Justicia. Congresistas y excongresistas acusados de participar en este desfalco mientras aprovechaban su investidura para servir como intermediarios entre la DNE y los futuros depositarios. Según la Fiscalía están las pruebas en decenas de folios que desde siempre han estado a disposición de la Corte.
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