Colombia , septiembre 19 de 2014 Actualizado hace 24 minutos

Otro regaño de las cortes a la Fiscalía

De nuevo las cortes reprenden a la Fiscalía, esta vez por no garantizar seguridad a sus funcionarios.
Caracol | Agosto 20 de 2012
En un fuerte pronunciamiento el Consejo de Estado, le recordó a la Fiscalía General de la Nación que está en la obligación de brindar protección a sus funcionarios y no es excusa que administrativamente estas funciones no estén dentro de la órbita de las funciones del ente investigador, pues Colombia es un Estado Social de Derecho y ese argumento no es válido bajo ninguna circunstancia.

Este es el segundo llamado de atención que las altas cortes le hacen a la Fiscalía en menos de una semana, en esta ocasión el Consejo de Estado encontró que la Fiscalía General de la Nación, ha desatendido varias peticiones de funcionarios del organismo, quienes han advertido su vulnerabilidad por adelantar investigaciones contra miembros de grupos armados al margen de la Ley e incluso contra agentes del Estado

Agrega el llamado de atención “no debe desconocer el derecho a la vida y a la protección que tienen sus funcionarios, pues el hecho de que hagan parte de la Fiscalía no está en desigualdad o superioridad frente a los demás ciudadanos”.


Advierte la Sala que en ocasiones “encuentra vulnerado el derecho a la seguridad personal… que la protección de este derecho obliga al Estado tanto respecto de los ciudadanos como de sus funcionarios, y tratándose de estos últimos, no significa que su condición le haga perder las garantías que tiene frente al Estado como ciudadano.

El magistrado Jaime Orlando Santofimio, le advirtió a la Fiscalía que deben ser más eficaz a la hora de participar en los consejos de seguridad de los que hace parte, pues en muchas ocasiones esos organismos toman decisiones de seguridad que nunca se cumplen tanto para los ciudadanos como para los funcionarios de la Fiscalía.

El fuerte llamado de atención se dio dentro de un fallo en el que el consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagar $1.000 millones a los familiares del fiscal Carlos Arturo Bohórquez, asesinado en el 2001 por paramilitares que estaban bajo las ordenes de alias “El Iguano” jefe militar de las AUC que operaban en Cúcuta.

Cabe recordar que en días pasados la corte Suprema de Justicia, llamó la atención a la Fiscalía por el desorden e irregularidades que se están presentando dentro de los procesos que se adelantan contra desmovilizados y quienes han adquirido beneficios judiciales.
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