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Responsables de “falsos positivos” tendrán que responder con su patrimonio por perjuicios ocasionados

ImprimirComentar La decisión fue tomada en el Consejo de Estado, que ordenó a un capitán y dos sargentos pagar los perjuicios ocasionados al asesinar a 6 campesinos, presentados como guerrilleros
Caracol | 2 de Febrero de 2010
El Consejo de Estado ordenó a un capitán y dos sargentos del Ejército pagar los perjuicios que ocasionaron al asesinar a seis campesinos, cuando los militares se hacían pasar como guerrilleros pidiendo auxilio.

El alto tribunal encontró que ellos sí fueron responsables del hecho ya que está probado en el proceso, que cuando los campesinos los ayudaron a esconderse, los asesinaron por ser auxiliadores de la guerrilla.

Según la investigación, el capitán Tomas Ignacio Monroy, el sargento Marco Aurelio Mendoza e integrantes del grupo contraguerrilla Cóndor 2, hicieron un operativo el dos de septiembre del 86 en el municipio Belmira, Antioquia, vestidos con prendas propias de la guerrilla acuchillaron a los campesinos que los encontraron y los auxiliaron.

“No es admisible que miembros activos del Estado, encuentren justificación para actuar como agentes provocadores y como agentes de ejecución extrajudicial, con miras a mostrar resultados en relación con el conflicto interno que vive el país falsos positivos”, señala la sentencia con ponencia del magistrado, Enrique Gil Botero.

La sección tercera del Consejo de Estado señala que los miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a los parámetros y postulados fijados por la Constitución, pues cualquier distorsión o trasgresión, por muy loable en apariencia que sea el propósito con que se actúe por parte de los funcionarios, se traduce en uno de los peores crímenes o delitos reprochados por la humanidad.

“Cuando es el mismo Estado –entidad que detenta el uso legítimo de la fuerza, quien a través de sus miembros activos emplea sus medios e instrumentos para cercenar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano se quebranta el principio basilar del Estado Social de Derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político” dice otro de los apartes de la sentencia.

El Consejo de Estado estableció que los señores Monroy Roncancio, Mendoza Mena, y Mejía González, con su conducta, desconocieron no sólo el ordenamiento jurídico interno, sino que, desde la perspectiva internacional, generaron vulneraciones o trasgresiones a la normatividad sobre los derechos humanos (DDHH).

Ante esta situación cada uno de los uniformados deberá pagar cerca de 290 millones de pesos en un término de seis meses, de contado a partir de la notificación de la sentencia.
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