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Un muerto deja enfrentamiento entre fuerza pública e indígenas del Cauca

ImprimirComentar El comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, general José Jerez, anunció que denunciará ante organismos internacionales la utilización de dagas y flechas contra la fuerza pública.
Caracol | 19 de Julio de 2012
Como Mauricio Largo de 28 años de edad, residente de la Vereda Venadillo, fue identificada la persona muerta en desarrollo de los hechos desarrollados en la tarde de este jueves en la vereda Huasanó, zona rural de Caloto, Cauca.

La comunidad, en represalia, dice que no permitirá el levantamiento del cadáver hasta este viernes.

Otros tres heridos fueron trasladados al Hospital de la Niña María de Caloto.

Por su parte, el comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, general José Alberto Jerez, anunció que denunciará ante organismos internacionales la utilización de dagas y flechas contra la fuerza pública.

En este momento el tránsito entre los municipios de Caloto y Corino está impedido.

Indígenas del Cauca proponen mesa de concertación para acabar los enfrentamientos con la fuerza pública

Una mesa de alto nivel para abordar el conflicto que se vive en el municipio de Toribío, norte del departamento del Cauca, solicitaron los indígenas al Gobierno Nacional a través de una agenda de temas para tratar el próximo lunes 23 de julio.

Esta mesa estaría integrada por representantes del Gobierno Nacional y las autoridades indígenas, los caules tendrían como garantes al defensor del Pueblo, Volmar Pérez, el delegado del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos Todd Howland y una persona colombiana independiente.

Los indígenas le proponen al Gobierno que para la instalación de la mesa se deben resolver los siguientes puntos:

Que las comunidades indígenas no están de acuerdo con la ocupación militar del Cerro Berlín en el resguardo de San Francisco, zona rural del municipio de Toribío.

Que la Fiscalía y el Gobierno Nacional se abstengan de judicializar a los indígenas que participan en las acciones de control de sus territorios.

Que el Gobierno Nacional se comprometa a no hacer señalamientos infundados y generalizados contra las comunidades indígenas.

Que las personas heridas por la fuerza pública deben ser atendidas sin costo policial o judicial, para lo cual piden la intervención de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
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